202003.18
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practicas

El BOE del 18 de marzo de 2020 publica el RD ley 8/2020 en el que se recogen un paquete de medidas económicas y laborales para afrontar los efectos del coronavirus.

Suspensiones temporales de empleo

  1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, la empresa quedará exonerada del abono de la aportación empresarial por contingencias comunes, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado, cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, la exoneración alcanzará al 75% de la aportación empresarial. La exoneración se aplicará a instancia del empresario.
  2. Tendrán la consideración de fuerza mayor, las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad derivadas de las distintas medidas gubernativas adoptadas como consecuencia del Covid-19, que impliquen:
    1. suspensión o cancelación de actividades,
    2. cierre temporal de locales de afluencia pública,
    3. restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías,
    4. falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad,
    5. situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados

           La Resolución de la Autoridad Laboral será expedida en el plazo de 5 días

  1. En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción temporal de la jornada por causas productivas, técnicas y organizativas relacionadas con el COVID-19, se reducen los plazos para su tramitación. De esta manera, si no existe representación legal de los trabajadores, la comisión representativa de los mismos para la negociación del periodo de consultas deberá estar constituida en el plazo máximo de 5 días, el periodo de consultas no deberá exceder de 7 días y el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo de 7 días.

Protección por desempleo

Para los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, se prevé el reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello y no computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo que traiga su causa inmediata de estas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias que conlleven la limitación de la movilidad de los ciudadanos o que atañan al funcionamiento de los servicios públicos, la presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

Teletrabajo

En aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

Derecho de adaptación de las condiciones de trabajo y reducción de jornada

El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con el Covid-19 es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido.

Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo que requerirá preaviso de 24 horas y no estará limitada en su disfrute por porcentaje mínimo ni máximo de la jornada, pudiendo llegar incluso al cien por cien de reducción.

Prestación extraordinaria por cese de actividad

Para los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia se establece también una nueva prestación extraordinaria  y se les eximirá del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

La cuantía de dicha prestación, cuya vigencia está limitada a un mes desde la entrada en vigor del estado de alarma o hasta el último día del mes en que finalice éste, en el caso de prorrogarse, se calculará con el 70 % de la base reguladora o con el 70 % de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.

Los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN EL ÁMBITO LABORAL PREVISTAS EN EL PRESENTE REAL DECRETOLEY ESTARÁN SUJETAS AL COMPROMISO DE LA EMPRESA DE MANTENER EL EMPLEO DURANTE EL PLAZO DE SEIS MESES DESDE LA FECHA DE REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Las medidas previstas en el presente real decreto ley tendrán vigencia durante el plazo de un mes a contar desde el día 18 de marzo de 2020.